Cambios

<span style="background-color: #ffffff">La </span>'''<span style="background-color: #ffffff">[http://www.boe.es/doue/2014/094/L00065-00242.pdf Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE]</span>'''<span style="background-color: #ffffff">, que debería haber sido transpuesta antes del '''18 de abril de 2016,''' señala sobre los criterios de valoración de las ofertas que:</span><br /> <br /> <u><span style="background-color: #ffffff">Considerando 45:</span></u><br /> ''"El procedimiento de licitación con negociación debe ir acompañado de salvaguardias adecuadas que garanticen la observancia de los principios de igualdad de trato y de transparencia. En particular, los poderes adjudicadores deben indicar con antelación los requisitos mínimos que caracterizan la naturaleza del procedimiento, los cuales no deben ser alterados en las negociaciones. '''Los criterios de adjudicación y su ponderación deben permanecer estables a lo largo de todo el procedimiento y no deben ser objeto de negociación, con vistas a garantizar la igualdad de trato para todos los operadores económicos.''' Las negociaciones deben tender a mejorar las ofertas con objeto de permitir a los poderes adjudicadores adquirir obras, suministros y servicios perfectamente adaptados a sus necesidades específicas. Las negociaciones pueden referirse al conjunto de características de las obras, suministros y servicios adquiridos, con inclusión, por ejemplo, de la calidad, las cantidades, las cláusulas comerciales y los aspectos sociales, medioambientales e innovadores, en la medida en que no constituyan requisitos mínimos".''<br /> <br /> <u>Considerando 89:</u><br /> ''"La noción de criterios de adjudicación es clave en la presente Directiva, por lo que resulta importante que se presenten las disposiciones pertinentes del '''modo más sencillo y racional posible'''. Puede conseguirse utilizando los términos '''«oferta económicamente más ventajosa»''' como concepto preponderante, puesto que, en último término, todas las ofertas ganadoras deben haberse escogido con arreglo a lo que el poder adjudicador considere la mejor solución, económicamente hablando, entre las recibidas. Para evitar confusión con los criterios de adjudicación actualmente conocidos como la «oferta económicamente más ventajosa» en las Directivas 2004/7/CE y 2004/18/CE, procede utilizar una terminología distinta para abarcar dicho concepto: '''la «mejor relación calidad- precio».''' Por consiguiente, se debe interpretar con arreglo a la jurisprudencia relativa a dichas Directivas, salvo cuando exista una solución material y claramente diferente en la presente Directiva.''<br /> <br /> <u>Considerando 90:</u><br /> '''"La adjudicación de los contratos debe basarse en criterios objetivos que garanticen '''el respeto de los principios de transparencia, no discriminación e igualdad de trato con el fin de garantizar una comparación objetiva del valor relativo de los licitadores que permita determinar, en condiciones de competencia efectiva, qué oferta es la oferta económicamente más ventajosa.''' Debería establecerse explícitamente que la oferta económicamente más ventajosa debería evaluarse sobre la base de '''la mejor relación calidad-precio''', que '''ha de incluir siempre un elemento de precio o coste'''. Del mismo modo debería aclararse que dicha evaluación de la oferta económicamente más ventajosa también podría llevarse a cabo solo sobre la base del precio o de la relación coste-eficacia. Por otra parte conviene recordar que los poderes adjudicadores gozan de libertad para fijar normas de calidad adecuadas utilizando especificaciones técnicas o condiciones de rendimiento del contrato.''<br /> <br /> '''''Para fomentar una mayor orientación hacia la calidad de la contratación pública, los Estados miembros deben estar autorizados a prohibir o restringir el uso solo del precio o del coste para evaluar la oferta económicamente más ventajosa cuando lo estimen adecuado.'''''<br /> <br /> ''Para garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato en la adjudicación de los contratos, los poderes adjudicadores deben estar obligados a procurar la transparencia necesaria para permitir a todos los licitadores estar razonablemente informados de los criterios y modalidades que se aplicarán en la decisión relativa a la adjudicación del contrato. Por ello, los poderes adjudicadores deben estar obligados a indicar los criterios para la adjudicación del contrato y la ponderación relativa acordada a cada uno de dichos criterios. No obstante, los poderes adjudicadores deben estar autorizados a no cumplir la obligación de indicar la ponderación de los criterios de adjudicación en casos debidamente justificados, que deben poder motivar, cuando esa ponderación no pueda establecerse previamente, debido, en particular, a la complejidad del contrato. En estos casos, deben indicar los criterios por orden decreciente de importancia".''<br /> <br /> <u>Considerando 92:</u><br /> ''"Al evaluar la mejor relación calidad-precio, los poderes adjudicadores deberían '''determinar los criterios económicos y de calidad relacionados con el objeto del contrato''' que utilizarán a tal efecto. Estos criterios deben, pues, permitir efectuar una evaluación comparativa del nivel de rendimiento de cada oferta respecto del objeto del contrato tal como se define en las especificaciones técnicas. En el contexto de la mejor relación calidad-precio, la presente Directiva incluye una '''lista no exhaustiva de posibles criterios de adjudicación que incluyen aspectos sociales y medioambientales.''' Se debe alentar a los poderes adjudicadores a elegir los criterios de adjudicación que les permitan obtener obras, suministros y servicios de gran calidad que respondan lo mejor posible a sus necesidades.''''<br /> <br /> ''<span span style="line-height: 1.5">Los criterios de adjudicación elegidos no deben conferir al poder adjudicador una libertad de decisión ilimitada y deben asegurar la posibilidad de una competencia real y equitativa e ir acompañados de modalidades que permitan verificar de manera efectiva la información facilitada por los licitadores.</span>''<br /> <br /> ''Para determinar cuál es la oferta económicamente más ventajosa, la decisión relativa a la adjudicación del contrato '''no debe basarse únicamente en criterios no relacionados con los costes.''' Por ello, los criterios cualitativos deben ir acompañados de un criterio relacionado con los costes, el cual, a elección del poder adjudicador, podría ser el precio o un planteamiento basado en la rentabilidad, como el coste del '''ciclo de vida'''. No obstante, los criterios de adjudicación no deben afectar a la aplicación de las disposiciones nacionales que determinan la remuneración de determinados servicios o establecen precios fijos para determinados suministros.''<br /> <br /> <u>Considerando 93:</u><br /> ''"Cuando disposiciones nacionales determinen la remuneración de determinados servicios o establezcan precios fijos para determinados suministros, es preciso aclarar que sigue siendo posible evaluar la rentabilidad basándose en otros factores que no sean únicamente el precio o la remuneración. En función del servicio o producto de que se trate, dichos factores incluirían, por ejemplo, '''condiciones de entrega y pago''', '''aspectos de servicio posventa''' (alcance de los servicios de atención al cliente y de repuestos) o '''aspectos sociales''' o '''medioambientales''' (por ejemplo si los libros se imprimen en papel reciclado o papel de la actividad maderera sostenible, el coste se imputa a externalidades medioambientales o si se fomenta la integración social de personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato). Dadas las numerosas posibilidades de evaluar la relación calidad-precio basadas en criterios sustantivos, es preciso evitar el recurso a la división en lotes como único medio de adjudicación del contrato".''<br /u> <br /> <u>Considerando Considerando 94:</u><br /> "''Siempre que la calidad del personal empleado sea pertinente para el nivel de rendimiento del contrato, los poderes adjudicadores deben estar también autorizados a utilizar como criterio de adjudicación la organización, la cualificación y '''la experiencia del personal encargado de ejecutar el contrato''', ya que pueden afectar a la calidad de dicha ejecución y, en consecuencia, al valor económico de la oferta. Ello puede ser el caso, por ejemplo, en los contratos relativos a servicios intelectuales, como la asesoría o los servicios de arquitectura. Los poderes adjudicadores que hagan uso de esta posibilidad deben garantizar, a través de los medios contractuales adecuados, que el personal encargado de ejecutar el contrato cumpla efectivamente las normas de calidad que se hayan especificado y que dicho personal solo pueda ser reemplazado con el consentimiento del poder adjudicador que compruebe que el personal que lo reemplace ofrece un nivel equivalente de calidad".''<br /> <br /> <u>Considerando 96:</u><br /> ''<span style="line-height: 1.5">"</span>Estas medidas sectoriales específicas deberían complementarse con una adaptación de las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE sobre contratación pública que capacite a los poderes adjudicadores para promover, en sus estrategias de compra, los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Por consiguiente, debe quedar claro que, salvo cuando se evalúe únicamente sobre la base del precio, los poderes adjudicadores pueden determinar cuál es la oferta económicamente más ventajosa y el coste más bajo mediante un planteamiento basado en '''el coste del ciclo de vida.''' La noción de coste del ciclo de vida incluye todos los costes a lo largo del ciclo de vida de las obras, suministros o servicios.''<br /> <br /> ''Entre estos costes figuran los '''costes internos''', como la investigación que haya de llevarse a cabo, los costes de desarrollo, producción, transporte, uso, mantenimiento y eliminación al final de la vida útil, pero también pueden incluirse los '''costes''' atribuidos a factores medioambientales '''externos''', como la contaminación causada por la extracción de las materias primas utilizadas en el producto o causada por el propio producto o por su fabricación, siempre que puedan cuantificarse en términos monetarios y ser objeto de seguimiento. Los métodos utilizados por los poderes adjudicadores para evaluar los costes atribuidos a factores medioambientales externos deben establecerse previamente de manera objetiva y no discriminatoria y ser accesibles a todas las partes interesadas. Estos métodos pueden establecerse a escala, nacional, regional o local; no obstante, para evitar distorsiones de la competencia recurriendo a metodologías ad hoc, deben seguir siendo generales en el sentido de que no deben establecerse de modo específico para un procedimiento particular de contratación pública.''<br /> <br /> ''Deben elaborarse métodos comunes a escala de la Unión para el cálculo de los costes del ciclo de vida correspondientes a categorías específicas de suministros o de servicios; Cuando dichos métodos comunes se desarrollen, su uso debería hacerse obligatorio.''<br /> <br /> ''Por otra parte, debería estudiarse la viabilidad de establecer un método común sobre el cálculo del coste del ciclo de vida social, teniendo en cuenta métodos existentes como las orientaciones sobre evaluación del ciclo de vida social de productos adoptadas en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente".''<br /> <br /> <u>Artículo 67: Criterios de adjudicación del contrato.</u><br /> ''<span style="line-height: 1.5">1. Sin perjuicio de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales relativas al precio de determinados suministros o a la remuneración de determinados servicios, los poderes adjudicadores aplicarán, para adjudicar los contratos públicos, '''el criterio de la oferta económicamente más ventajosa.'''</span>''<br /> <br /> ''2. La oferta económicamente más ventajosa desde el punto de vista del poder adjudicador '''se determinará sobre la base del precio o coste, utilizando un planteamiento que atienda a la relación coste-eficacia, como el cálculo del coste del ciclo de vida''' con arreglo al artículo 68, y podrá incluir la mejor relación calidad-precio, que se evaluará en función de criterios que incluyan aspectos cualitativos, medioambientales y/o sociales vinculados al objeto del contrato público de que se trate. Dichos criterios podrán incluir, por ejemplo:''<br />  

<br /> ''El factor coste también podrá adoptar la forma de un precio o coste fijo sobre la base del cual los operadores económicos compitan únicamente en función de criterios de calidad.''<br /> <br /> ''Los Estados miembros podrán disponer que los poderes adjudicadores no tengan la facultad de utilizar solamente el precio o el coste como único criterio de adjudicación o podrán limitar la aplicación de ese criterio a determinadas categorías de poderes adjudicadores o a determinados tipos de contratos.''<br /> <br /> ''3. Se considerará que los criterios de adjudicación están vinculados al objeto del contrato público cuando se refieran a las obras, suministros o servicios '''que deban facilitarse en virtud de dicho contrato, en cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de vida''', incluidos los factores que intervienen:''<br />  

''incluso cuando dichos factores no formen parte de su sustancia material.''<br /> <br /> ''4. Los criterios de adjudicación '''no tendrán por efecto conferir al poder adjudicador una libertad de decisión ilimitada.''' Garantizarán la posibilidad de una competencia efectiva e irán acompañados de especificaciones que permitan comprobar de manera efectiva la información facilitada por los licitadores con el fin de evaluar la medida en que las ofertas cumplen los criterios de adjudicación. En caso de duda, los poderes adjudicadores deberán comprobar de manera efectiva la exactitud de la información y las pruebas facilitadas por los licitadores.''<br /> <br /> ''5. El poder adjudicador precisará, en los pliegos de la contratación, '''la ponderación relativa que atribuya a cada uno de los criterios''' elegidos para determinar la oferta económicamente más ventajosa, excepto en el supuesto de que esta se determine sobre la base del precio exclusivamente.''<br /> <br /> ''Esta ponderación podrá expresarse fijando una banda de valores con una amplitud máxima adecuada.''<br /> <br /> ''Cuando la ponderación no sea posible por razones objetivas, los poderes adjudicadores indicarán el orden decreciente de importancia atribuido a los criterios".''<br /> <br /> <u>Artículo 68. Cálculo del coste del ciclo de vida.</u><br /> ''<span style="line-height: 1.5">1. El cálculo de coste del ciclo de vida incluirá en una medida pertinente la totalidad o una parte de los costes siguientes a lo largo del ciclo de vida de un producto, un servicio o una obra:</span>''<br />  

<br /> ''2. Cuando los poderes adjudicadores evalúen los costes mediante un planteamiento basado en el cálculo del coste del ciclo de vida, indicarán en los pliegos de la contratación los datos que deben facilitar los licitadores, así como el método que utilizará el poder adjudicador para determinar los costes de ciclo de vida sobre la base de dichos datos.''<br /> <br /> ''El método utilizado para la evaluación de los costes imputados a externalidades medioambientales cumplirá todas las condiciones siguientes:''<br />  

<br /> ''3. Cuando un acto legislativo de la Unión haga obligatorio un método común para calcular los costes del ciclo de vida, ese método común se aplicará a la evaluación de los costes del ciclo de vida.''<br /> <br /> ''En el anexo XIII figura una lista de tales actos legislativos y, cuando es necesario, de los actos delegados que los completan. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 87 en lo referente a la actualización de esa lista cuando tal actualización resulte necesaria debido a la adopción de nueva legislación que haga obligatorio un método común o a la derogación o modificación de los actos jurídicos vigentes".''<br /> <br /> La '''[http://www.boe.es/doue/2004/134/L00114-00240.pdf Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios]''' se refería expresamente a los criterios de valoración de las ofertas en los siguientes preceptos:<br />  

EL <span style="line-height: 1.5">'''[http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-17887 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público]''' lo regula en</span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; line-height: 1.5">:</span><br />

<br /> <span style="line-height: 1.5">El </span>'''<span style="line-height: 1.5">[http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-8053 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público]</span>'''<span style="line-height: 1.5"> regula el asunto en:</span><br />

<br /> El '''[http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-19995 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas]''':<br /> <br />

Según dispone el '''artículo 150''', para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa '''deberá atenderse a criterios, tales como''':<br />

Sobre este criterio de valoración, la Junta Consultiva de contratación administrativa en su '''[http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2004/Informe%2056-04.pdf informe 56/04, de 12 de noviembre de 2004]''' ha interpretado que:<br />

<br /> Se puede plantear la cuestión de si un certificado que acredite un sistema de gestión de calidad es '''un criterio de valoración de las ofertas o un criterios de selección de empresas (solvencia)'''. El '''<span style="line-height: 1.5">[http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2005/Informe%2073-04.pdf informe 73/04, de 11 de marzo de 2005. "Los criterios medioambientales en la contratación administrativa. Los certificados medioambientales como criterio de solvencia. Improcedencia de los mismos como criterio objetivo de adjudicación"]</span>''' concluye diciendo que:<br />

Sobre este criterio de valoración, la Junta Consultiva de contratación administrativa en su '''[http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2004/Informe%2013-04.pdf informe 13/04, de 7 de junio de 2004]''' ha interpretado que ''"en cuanto se refiere a la consideración y efecto de la reducción de plazo de ejecución presentada por el contratista cabe señalar que '''si tal reducción constituyó un criterio de adjudicación del contrato su incumplimiento representa en si mismo un manifiesto fraude''' que impidió la adjudicación del contrato a otro candidato que pudo realizar una proposición más ajustada a la realidad. Por lo tanto, el incumplimiento del plazo de ejecución debe constituir una '''causa resolutoria''' del contrato con los efectos que respecto de la misma se determinan en el artículo 20, letra c), como causa de declaración de la prohibición para contratar, y, en su caso, en el artículo 33, apartado 2 y apartado 3, letra b), de la Ley."''<br /> <br /> El <span style="line-height: 1.5">'''[http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/informes%201995-1999/contratos%20de%20obras/Informe%2029-98.pdf informe 29/98, de 11 de noviembre de 1998. "Diversas cuestiones relativas a los criterios de adjudicación de concursos en los contratos de obras"]''' concluye diciendo que: ''"La contestación a la tercera pregunta, aún desconociendo las características de cada contrato de obras, ha de realizarse partiendo de la idea de que son los pliegos de cláusulas administrativas particulares los que deben mencionar la posibilidad de valorar la reducción de los plazos de ejecución de la obra y que '''tal posibilidad no debe incluirse cuando la reducción del plazo de ejecución sea indiferente a los intereses de la Administración y, en definitiva, al interés público por su actuar representado."'''''</span><br /> <br />

El precio parece ser que uno de los criterios '''"fijos"''' de valoración de las ofertas que bien se utiliza sólo o va a acompañado. Según dice el artículo 150 "'''''cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, éste ha de ser, necesariamente, el del precio más bajo."'''''<br /> <span style="background-color: #ffffff">No obstante, hay que tener presente que la </span>'''<span style="background-color: #ffffff">[http://www.boe.es/doue/2014/094/L00065-00242.pdf Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE] </span>'''<span style="background-color: #ffffff">'''potencia la calidad sobre el precio''': </span>''“Para determinar cuál es la oferta económicamente más ventajosa, la decisión relativa a la adjudicación del contrato no debe basarse únicamente en criterios no relacionados con los costes”''. Es más, ''“los Estados miembros deben estar autorizados a prohibir o restringir el uso sólo del precio o del coste para evaluar la oferta económicamente más ventajosa cuando lo estimen adecuado”''.<br /> <br /> La Junta Consultiva de Contratación Administrativa en su <span style="line-height: 1.5">'''[http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/informes%201995-1999/contratos%20de%20informatica/Informe%2028-95.pdf informe 28/95, de 24 de octubre de 1995. "Interpretación y aplicación que debe darse a lo previsto en el artículo 87 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, referido a los criterios para la adjudicación del concurso"]''' concluyó: </span>''<span style="line-height: 1.5">"<span style="line-height: 1.5">La anterior conclusión debe, sin embargo, ser matizada, puesto que no cabe desconocer la importancia del factor precio en la adjudicación de contratos por concurso, aunque no sea como criterio único y exclusivo, como sucede en la subasta. Por ello se entiende que la posibilidad que tiene '''el órgano de contratación de excluir el precio como criterio para la adjudicación de contratos por concurso debe considerarse excepcional''' y consignarse en el expediente las razones que en cada caso concreto justifiquen tal exclusión, sobre todo si se tiene en cuenta el juego que puede proporcionar el propio artículo 87 en orden a la necesidad de indicar los criterios por orden decreciente de importancia y por la ponderación que se les atribuya, que, en determinados supuestos y en relación con el precio puede ser mínima, sin llegar a la total exclusión de dicho criterio."</span></span>''<br /> <br /> En cuanto a la forma de valorar el precio, una cuestión que se suele plantear es si se debe hacer o no incluyendo el I.V.A.. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa en su '''<span style="line-height: 1.5">[http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2008/Informe%2007-08.pdf informe 07/08, de 29 de septiembre de 2008. "Criterio aplicable en la valoración de las ofertas cuando concurren licitadores exentos de IVA junto con otros no exentos"]</span>''' interpretó <span style="line-height: 1.5">que:''"La valoración del precio como criterio de adjudicación de un contrato sujeto a la Ley de Contratos del Sector Público debe hacerse '''sin tomar en consideración el Impuesto sobre el Valor Añadido que recae sobre el mismo'''."''</span><br /> <br /> No obstante, Manuel Fueyo Bros en su artículo '''''"Los criterios de valoración-adjudicación de las ofertas en la selección del adjudicatario en los procedimientos de adjudicación"''''' mantiene que<sup class="reference">[1]</sup> : ''<span style="line-height: 1.5">"Compartimos este criterio en el caso de aquellas entidades cuyo I.V.A. soportado es deducible, pero discrepamos para el caso de entidades que, por la naturaleza de sus ingresos, no pueden deducirse el I.V.A. soportado (caso general de los Ayuntamientos, pues evita que el poder adjudicador se beneficie de esa posible exención - en caso de que exista -, al equiparar ofertas (y gastos a asumir por el poder adjudicador) que a la postre no son iguales. </span>''''<span style="line-height: 1.5">Un ejemplo.</span>''

<br /> <div style="text-align: center">[[Image:valoracion_ofertas_tabla_1.jpg|Tabla de valoración de ofertas - Precio]]</div><br />

''En este ejemplo, si se actúa según lo señalado por la JCCA en su informe 7/08, resultaría mejor valorado el licitador no exento aún cuando implique para la entidad un mayor gasto de 160.200 euros (ya que, la Entidad no se puede deducir el IVA)".''<br /> <br /> Es decir, que si se hace lo que dice la Junta Consultiva prima el principio de igualdad y no discriminación, pero se sacrifica el principio de economía ("asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios), ya que no se selecciona la oferta económicamente más ventajosa.<br /> <br /> De una forma mucho más pormenorizada se trata este asunto en el artículo '''''¿Debe incluirse el IVA en la selección de la mejor oferta en la contratación pública?''''' de Alejandro Blázquez Lidoy que argumenta lo siguiente:<br /> <span style="background-color: transparent; display: block; font-size: 1em; vertical-align: baseline"><br />

</span><br /> En cuánto a qué formula utilizar el <span style="line-height: 1.5">'''[http://jcca.caib.es/sacmicrofront/elementodocumento.do?mkey=M180&cont=14254&lang=ES informe 6/01, de 31 de mayo de 2001.] ''Precio de los contratos. Fórmulas de valoración del precio en los concursos''''' de la Junta Consultiva de las islas Baleares interpretó que:</span><br />

<br /> En los recursos nº 865/2014 y 928/2014 C.A. La Rioja 012 y 015/2014, resolución nº 906/2014 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales se dice:"''En lógico corolario, se han venido considerando como '''<span style="font-size: 1em; vertical-align: baseline">contrarias al principio de economía en la gestión de recursos públicos</span>''' fórmulas que atribuyen '''<span style="font-size: 1em; vertical-align: baseline">mayor puntuación a las ofertas que no sean las más económicas</span>''' como:''<br />

<br /> El [http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/TACRC/Resoluciones/A%C3%B1o%202016/Recurso%201193-2015%20(Res%204)%2012-01-15.pdf recurso nº 1193/2015 resolución nº 4/2016] del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales<span style="line-height: 1.5"> mantiene que </span>'''<span style="line-height: 1.5">son contrarias al artículo 150.2º del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público las fórmulas de valoración del precio que disminuyen la relevancia de la valoración global de las bajas económicas que superen un determinado umbral:</span>'''<br />

 En este sentido lo más destacable en materia de revisión de precios, es que no se hará utilizando índices generales, sino en función de cada contrato, dejando al margen los contratos de obra y de suministro de fabricación, que siguen rigiéndose en este punto por su propia normativa. Los dos primeros años trascurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.<br /> <br /> La Junta Consultiva de Contratación Administrativa en su '''<span style="line-height: 1.5">[http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/informes%201995-1999/contratos%20de%20suministro/Informe%2045-96.pdf informe 45/96, de 22 de julio de 1996. "Revisión de precios en los contratos de suministro y de consultoría y asistencia y de servicios"]</span>''' concluyó que:''<span style="line-height: 1.5"> "Que el carácter no limitativo y simplemente ejemplificativo de la enumeración de criterios </span>''''<span style="line-height: 1.5">objetivos de adjudicación que contiene el artículo 87 de la Ley de Contratos de las </span>''''<span style="line-height: 1.5">Administraciones Públicas determina que entre estos criterios no sólo puedan incluirse la</span>'' ''<span style="line-height: 1.5">fórmula de revisión, sino también por su carácter objetivo, los índices o sistemas de </span>''<span style="line-height: 1.5">revisión."</span>'' Sobre este asunto se manifestó el tribunal administrativo de recursos contractuales de Castilla y León en su recurso 17/2012. La "''Resolución 18/2012, de 27 de septiembre, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, por la que se desestima el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la Asociación Española de Empresas de Parques y <span style="line-height: 1.5">Jardines (Aseja) contra la cláusula 11 del Pliego de Cláusulas </span>Administrativas Particulares que ha de regir la contratación de los trabajos de conservación, mantenimiento y mejora de los jardines y espacios verdes municipales de la ciudad de Salamanca"'' establece que: ''"''''Sentado lo anterior, este Tribunal considera que el argumento de que la'' ''aplicación del criterio impugnado puede determinar la prestación del servicio sin'' ''revisión de precios, no permite fundar la invalidez de tal criterio del PCAP, por'' ''cuanto, como señala reiterada jurisprudencia (entre otras, STS de 26 de'' ''septiembre de 1988), el derecho a la revisión de precios surge del pacto (pacta'' ''sunt servanda) y no de la ley. Por ello, '''resultará admisible que el licitador en su''''' '''''oferta ofrezca una mejora en este aspecto que reduzca o llegue a excluir''''' '''''incluso la aplicación del sistema de revisión de precios''' previsto en el PCAP,'' ''<span style="line-height: 1.5">sobre la base o con fundamento en el principio de '''libertad de pactos''', el cual, al </span>''''igual que en el Derecho Común, se erige también en principio básico de la'' ''contratación administrativa en el TRLCSP: “En los contratos del sector público'' ''podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, siempre que no'' ''sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de'' ''buena administración” (artículo 25)".''<br /> <br /> De la misma forma el recurso nº 250/2013, resolución nº 219/2013 del tribunal administrativo central de recursos contractuales establece que: "''Admitida así, como puede verse, la posibilidad de que tanto la fórmula como el propio'' ''sistema de revisión de precios puedan ser empleados como criterios de adjudicación del'' ''contrato, ello avalaría la opción elegida en el pliego examinado, en el que '''lo valorado es''''' '''''la propia renuncia en sí a la aplicación del sistema y fórmula de revisión''' previstos en la'' ''cláusula 26, así como en el punto IV.2 del cuadro de características anejo, del pliego'' ''impugnado.''<br /> <br /> <span style="background-color: #ffffff; display: block; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: justify">El <span style="line-height: 1.5">'''[http://www.chap.gva.es/documents/90598054/119025392/Informe+4-2012%2C%20de+9+de+mayo+de+2012.+Contratos+de+Servicios+y+concesiones+de+servicio+p%C3%BAblico.+Inexistencia+de+Concesi%C3%B3n+de+servicio+p%C3%BAblico.+Algunas+cuestiones+Relativas+a+los+pliegos+de+cl%C3%A1usulas+administrativas.+Criterios+de+selecci%C3%B3n+previa+y+criteri/d980e618-5caa-421f-b6ab-571b9f6f2147 informe de la Junta Consultiva de la Comunidad Valenciana 4/2012, de 9 de mayo]''' dispone sobre este asunto que:</span></span><span style="display: block; text-align: justify"><br />

</span><br />

Es evidente que dependiendo de la tipología del contrato: obras, suministro, servicios; la Administración obtendrá una prestación, objeto o cosa a cambio del abono (directo o indirecto) al contratista. Cuando nos referimos al coste de utilización deberemos tener en cuenta dicho objeto del contrato puesto que el coste de utilización es diferente según cada caso.<br /> <br /> En una fase de valoración de criterios cuanto mayor sea el coste de utilización para la Administración (ó para los usuarios finales beneficiados) tanto menor será la idoneidad (según el criterio del ''coste de utilización'') de dicho contrato.<br /> <br /> <span style="line-height: 1.5">Ejemplos sencillos:</span><br />

<br /> En el caso de las obras, cuando existen posibilidad de variantes en la solución final, habrá que ser especialmente cuidadoso con la valoración del coste de utilización, puesto que no es nada infrecuente el hecho de optar por soluciones de ''arquitectos estrella'' en las que posteriormente la utilización de las obras resultan tener un coste de utilización elevadísimo por no poder limpiar las ventanas desde el interior del edificio y tener que contratar grúas para dichas limpiezas, por ejemplo, ó por diseños de jardines en los que los servicios de mantenimiento no pueden efectuar sus labores debido a la existencia de condicionantes de seguridad y salud (taludes imposibles, riesgo de caídas al vacío, etc...) y así hasta completar un extenso catálogo de obras en las que no se valoró adecuadamente el posterior coste de utilización.<br /> <br /> También hay que tener en cuenta que la '''<span style="background-color: #ffffff">Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE</span>'''<span style="background-color: #ffffff">, que deberá ser transpuesta antes del '''18 de abril de 2016''' establece en su </span>artículo 67.2º que: "''<span style="background-color: #ffffff">La oferta económicamente más ventajosa desde el punto de vista del poder adjudicador '''se determinará sobre la base del precio o coste, utilizando un planteamiento que atienda a la relación coste-eficacia, como el cálculo del coste del ciclo de vida''' con arreglo al artículo 68".</span>''<br /> <br /> Presentación sobre el coste del ciclo de vida de Ximena Lazo Vitoria en la Asociación española de Economía y Derecho (julio de 2017). 

<span style="line-height: 1.5">La Junta Consultiva de las islas Baleares en su '''[http://jcca.caib.es/sacmicrofront/elementodocumento.do?mkey=M180&cont=14170&lang=ES informe 16/01, de 29 de noviembre de 2001]'''. </span>''<span style="line-height: 1.5">Criterios de adjudicación en los concursos. Posibilidad de utilización de criterios de carácter social, como "porcentajes de trabajadores con contrato indefinido" o "personal con discapacidad". Preferencias de contratación con empresas de economía social</span>''<span style="line-height: 1.5">, entiende que:</span><br />

¿Puede la experiencia ser utilizada cómo criterio de valoración de las ofertas?. Es algo muy discutido<br />

<br /> La [http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163248&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=450849 Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de 26 de marzo de 2015] resolvía en relación con '''''Criterios de solvencia vs criterios de adjudicación:''''' '''''La calidad de los equipos.''''' Si bien la capacidad y solvencia del los licitadores no pueden ser empleados como criterios de adjudicación, '''en la contratación de prestaciones de servicios de carácter intelectual, de formación y de consultoría, se puede evaluar la calidad de los equipos propuestos (experiencia y curriculo de sus miembros) para la ejecución del contrato.'''<br />

<br /> Sobre es particular "'''''[http://obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.193/relmenu.3/chk.d7e130dc7c29a65c95d0fecfe13840e5 La calidad profesional del equipo propuesto para ejecutar el contrato (la “experiencia concreta”) como criterio de adjudicación"]''''' de José Pernas García.<br /> <br /> <span style="background-color: #ffffff">El</span> considerando 94 de la '''<span style="background-color: #ffffff">[http://www.boe.es/doue/2014/094/L00065-00242.pdf Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE]</span>'''<span style="background-color: #ffffff">, </span>dice: ''"Siempre que la calidad del personal empleado sea pertinente para el nivel de rendimiento del contrato, '''los poderes adjudicadores deben estar también autorizados a utilizar como criterio de adjudicación la organización, la cualificación y la experiencia del personal encargado de ejecutar el contrato''', ya que pueden afectar a la calidad de dicha ejecución y, en consecuencia, al valor económico de la oferta. Ello puede ser el caso, por ejemplo, en los contratos relativos a servicios intelectuales, como la asesoría o los servicios de arquitectura. Los poderes adjudicadores que hagan uso de esta posibilidad deben garantizar, a través de los medios contractuales adecuados, que el personal encargado de ejecutar el contrato cumpla efectivamente las normas de calidad que se hayan especificado y que dicho personal solo pueda ser reemplazado con el consentimiento del poder adjudicador que compruebe que el personal que lo reemplace ofrece un nivel equivalente de calidad".''<br /> <br />  

El artículo 147 regula la admisibilidad de variantes o mejoras en los siguientes términos:<br /> ''<span style="line-height: 1.5">"1. Cuando en la adjudicación hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del precio, el órgano de contratación podrá tomar en consideración las variantes o mejoras que ofrezcan los licitadores, siempre que el pliego de cláusulas administrativas particulares haya previsto expresamente tal posibilidad.</span>''<br /> ''<span style="line-height: 1.5">2. La posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes o mejoras se indicará en el anuncio de licitación del contrato precisando sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su presentación.</span>''<br /> ''<span style="line-height: 1.5">3. En los procedimientos de adjudicación de contratos de suministro o de servicios, los órganos de contratación que hayan autorizado la presentación de variantes o mejoras no podrán rechazar una de ellas por el único motivo de que, de ser elegida, daría lugar a un contrato de servicios en vez de a un contrato de suministro o a un contrato de suministro en vez de a un contrato de servicios".</span>''<br /> <br /> Según el<span style="line-height: 1.5"> [http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/informes%201995-1999/contratos%20de%20obras/Informe%2029-98.pdf informe 29/98, de 11 de noviembre de 1998. "Diversas cuestiones relativas a los criterios de adjudicación de concursos en los contratos de obras"] de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa: </span><br />

<br /> '''No son admisibles las mejoras genéricas.''' El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en ''Resolución 97/2013, de 6 de marzo de 2013, «Recurso contra adjudicación en contrato ejecución acuerdo marco suministro material sanitario para SESCAM. Notificación defectuosa subsana extemporaneidad en presentación recurso. Inconcreción mejoras valorables acarrea nulidad procedimiento. Estimación»'' y ''Resolución 135/2014, de 21 de febrero de 2014, «Valoración de mejoras sin que en el pliego se hayan previsto elementos y condiciones concretos para su admisión y valoración, nulidad del procedimiento, doctrina TACRC. Supuesto de nulidad de pleno derecho, apreciación de oficio por el TACRC»'' establece que:<br />

<br /> En el mismo sentido, en la Resolución nº 302/2011, 14 de diciembre:<br />

La relación del artículo 150 del TRLCSP es a título meramente enunciativo, '''''"tales como..."''''' dice el artículo. <span style="line-height: 1.5">Otro criterios que se han utilizado han sido:</span><br />

<br /> La Junta Consultiva de las islas Baleares en su '''[http://jcca.caib.es/sacmicrofront/elementodocumento.do?mkey=M180&cont=14170&lang=ES informe 16/01, de 29 de noviembre de 2001]'''. <span style="line-height: 1.5">''Criterios de adjudicación en los concursos. Posibilidad de utilización de criterios de carácter social, como "porcentajes de trabajadores con contrato indefinido" o "personal con discapacidad". Preferencias de contratación con empresas de economía social'', entiende que: "</span>''<span style="line-height: 1.5">La Comisión Europea, en la comunicación interpretativa de 15 de octubre de 2001 dice que: </span>''''<span style="line-height: 1.5">La característica común a los criterios utilizados para valorar las ofertas es que, al </span>''''<span style="line-height: 1.5">igual que los criterios que se citan a modo de ejemplo, '''todos ellos deben referirse a la''' </span>''''<span style="line-height: 1.5">'''naturaleza de la prestación objeto del contrato o a sus condiciones de ejecución.''' Su </span>''''<span style="line-height: 1.5">finalidad es permitir a los poderes adjudicadores comparar las ofertas de manera </span>''''<span style="line-height: 1.5">objetiva, a fin de determinar la que mejor responde a sus necesidades en el marco de un </span>''''<span style="line-height: 1.5">contrato dado. '''Todo criterio de adjudicación ha de permitir valorar las cualidades''' </span>''''<span style="line-height: 1.5">'''intrínsecas de un producto o servicio.''' </span>''''<span style="line-height: 1.5">Los criterios de adjudicación deben, por tanto, estar vinculados al objeto del contrato o </span>''''<span style="line-height: 1.5">a sus condiciones de ejecución”.</span>''<br /> <br />  

El órgano de contratación es quién determina los criterios de valoración de las ofertas, debiendo respetar lo siguiente:<br /> <br />

Como regla general, hay que '''dar preponderancia''' a los criterios que hacen referencia a características del objeto del contrato que puedan valorarse '''mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos'''.<br /> <br />

Cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, éste ha de ser, necesariamente, el del '''precio más bajo'''.<br /> <br />

Procede utilizar más de un criterio de valoración, en particular, en la adjudicación de los siguientes contratos:<br />

<br /> Es importante ponderar los criterios de valoración. Si no se especifica cómo se va a valorar un criterio de adjudicación subjetivo que precisa de un juicio de valor, hay que repetir el procedimiento. La sentencia del [http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/TACRC/Resoluciones/A%C3%91O%202011/Recurso%200057-2011%20(Res%2087)%2023-03-11.pdf TACRC (Resolución 087/2011)] '''anuló el procedimiento de licitación porque no se había especificado o ponderado como se iba a valorar un criterio de valoración de las ofertas subjetivo, la "Memoria de actividad", debiendo procederse a efectuar una nueva licitación en la cual se corrijan los defectos descritos.'''<br /> <br /> En el caso, de que los criterios de valoración de las ofertas que requieren un juicio de valor tengan una ponderación superior a los criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos, su valoración se hará mediante un Comité de expertos.<br /> <br />

El órgano que valora y la forma de valoración depende de los criterios de valoración de las ofertas establecidos en el pliego de cláusulas administrativa particulares.<br /> <br />

Si los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor ('''subjetivos'''), tienen una ponderación superior a la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas, el órgano que valora es:<br />

<br /> Fases de valoración:<br />

Si los criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas tienen una ponderación superior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor (subjetivos), el órgano competente para la valoración de las ofertas es la '''Mesa de contratación''' <span style="line-height: 1.5">Cuando para la valoración de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta criterios distintos al del precio, el órgano competente para ello podrá solicitar, antes de formular su propuesta, </span>'''<span style="line-height: 1.5">cuantos informes técnicos considere precisos</span>'''<span style="line-height: 1.5">. Igualmente, podrán solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego.</span><br /> <br /> Los informes técnicos serán emitidos normalmente por el Servicio que promueva la contratación (art. 73.2º Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pública).<br /> <br />

Si se ha fijado el precio como único criterio de valoración de las ofertas, la valoración se '''hace automáticamente''' en la Mesa de contratación mediante la aplicación de la fórmula establecida en el pliego.<br /> <br />

En el procedimiento negociado, ''"los órganos de contratación podrán articular el procedimiento negociado en fases sucesivas, a fin de reducir progresivamente el número de ofertas a negociar mediante la aplicación de los '''criterios de adjudicación señalados en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones''', indicándose en éstos si se va a hacer uso de esta facultad. El número de soluciones que lleguen hasta la fase final deberá ser lo suficientemente amplio como para garantizar una competencia efectiva, siempre que se hayan presentado un número suficiente de soluciones o de candidatos adecuados."''<br /> <br />

El http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/OrganosConsultivos/JuntaConsultivaContrataci%C3%B3nAdministrativa/Documentos/docs/Areas/InformeActuacionesJuntaConsultiva/Informes/INFORME_12011_CRITERIOS_VALORACION_OFERTAS.pdf informe 1/2011, de 12 de enero, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. Asunto: Motivación en la aplicación de los criterios de valoración de ofertas. Valoración de variantes o mejoras] concluye diciendo:<br />

Los pliegos o el contrato podrán establecer '''penalidades''', para los casos de incumplimiento o de cumplimiento defectuoso de la prestación que afecten a características de la misma que se hayan tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicación, o atribuir a la puntual observancia de estas características el carácter de obligación contractual esencial.<br /> <br />

<span style="line-height: 1.5">Informes Junta Consultiva de Contratación Administrativa del </span>'''<span style="line-height: 1.5">Estado</span>'''<span style="line-height: 1.5">:</span><br />

<br /> <span style="line-height: 1.5">Informes Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de </span>'''<span style="line-height: 1.5">Aragón</span>'''<span style="line-height: 1.5">:</span><br />

<br /> <span style="line-height: 1.5">Informes Junta Consultiva de las islas '''Baleares''':</span><br />

<br /> Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de '''Catalunya:'''<br />

<br /> <span style="line-height: 1.5">Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de</span>'''<span style="line-height: 1.5"> Madrid:</span>'''<br />

<br /> Comisión Consultiva de Contratación Pública de la Junta de '''Andalucía:'''<br />

<br /> Junta de Contratación Pública de '''Navarra:'''<br />

<br /> Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat de '''Valencia:'''<br />

<br /> <br /> Dictámenes del Consejo de Estado u órganos consultivos autonómicos.<br /> <br /> Abogacía del Estado:<br /> <br /> Informes del Tribunal de Cuentas o de los órganos fiscalizadores regionales.<br /> <br />  

<u>Resoluciones:</u><br /> <br /> <u><span style="line-height: 1.5">Tribunal </span>'''<span style="line-height: 1.5">Administrativo Central</span>'''<span style="line-height: 1.5"> de Recursos Contractuales:</span></u><br />

* '''[http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/TACRC/Resoluciones/A%C3%B1o%202014/Recurso%200819-2013%20EXT%20044-2013%20(Res%20042)%2024-01-2014.pdf Resolución 42/2014 (C.A. Extremadura), de 24 de enero de 2014, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales,«Arraigo territorial como criterio de adjudicación contrario a los principios de igualdad, no discriminación y libre concurrencia. Supuesto de nulidad de pleno derecho (art. 62.1.a LRJPAC). Nulidad del procedimiento de licitación»].''' En este acuerdo se realiza un amplio examen de esta problemática del '''arraigo territorial''' como criterio de adjudicación:<br /> ''Se trata, en concreto, de la valoración como criterio de adjudicación de una circunstancia de arraigo territorial de las empresas, como es, y según consta en el anexo nº IV del pliego de bases jurídicas rector de la contratación, relativo a los criterios de ponderación y adjudicación, entre los criterios cuantificables de forma automática, el “Número de Delegaciones establecidas dentro de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Se calificará con dos (2) puntos por cada delegación hasta un máximo de 10 puntos. (Sobre nº 3)”.''<br /> ''Al respecto de este tipo de criterios de arraigo territorial, en la Resolución nº 021/2013, cuyos razonamientos en cuanto a los que resultan plenamente trasladables al presente supuesto, señalábamos lo que sigue:''<br /> ''“El principio de igualdad de trato entre los candidatos que rige toda la contratación administrativa (artículo 1 TRLCSP), prohíbe cualquier forma encubierta de discriminación que, mediante la aplicación de criterios de distinción, ora lo sean en las exigencias de solvencia, ora lo sean en los criterios de adjudicación, distorsionen la libertad de concurrencia, los principios de libertad de acceso a las licitaciones, la publicidad, la transparencia, la no discriminación y la igualdad de trato entre los licitadores.''<br /> ''Resulta obligada la cita de varios fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como los expresados en las Sentencias de 5 de diciembre de 1989, 16 de enero de 2003 y 1 de julio de 2004. En particular, la Sentencia del TJUE de 27 de octubre de 2005 (INSALUD) condenó a España por entender que existe discriminación afirmando que:''<br /> ''“El artículo 49 CE se opone a que una entidad adjudicadora incluya en el pliego de condiciones de un contrato público de prestación de servicios sanitarios de terapias respiratorias domiciliarias otras técnicas de ventilación asistida, por una parte, un requisito de admisión que obliga a la empresa licitadora a disponer, en el momento de la presentación de la oferta, de una oficina abierta al público en la capital de la provincia en la que debe prestarse el servicio y, por otra, unos criterios de valoración de ofertas que, a efectos de atribuir puntos adicionales, toman en consideración la existencia, en ese mismo momento, de instalaciones propias de producción, de acondicionamiento y de envasado de oxígeno situadas a menos de 1.000 km de la citada provincia o de oficinas abiertas al público en determinadas localidades de ésta y que, en caso de empate entre varias ofertas, favorecen a la empresa que haya prestado anteriormente el servicio de que se trata, en la medida en que tales criterios se apliquen de manera discriminatoria, no estén justificados por razones de interés general, no sean adecuados para garantizar la realización del objetivo que persiguen o vayan más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo, extremos que corresponde verificar al órgano jurisdiccional nacional”.''<br /> ''En definitiva, siguiendo la doctrina comunitaria, los criterios a introducir para la valoración, además de guardar relación con la prestación demandada deben garantizar que no se quiebre el principio de igualdad de trato, principio que queda resentido cuando se introducen criterios propios del llamado “arraigo territorial”, como lo son las puntuaciones relacionadas en el apartado 19 de la Hoja Resumen del PCAP del contrato de servicios de seguridad privada que ahora nos ocupa.''<br /> ''Las puntuaciones dadas en la oferta técnica, como criterio de adjudicación, en función del número de empleados en plantilla en la provincia de Barcelona, consagran en la hoja resumen del PCAP un criterio de arraigo territorial contrario a los principios de contratación administrativa recogidos en el artículo 1 del TRLCSP, inspirados en la normativa y en la jurisprudencia comunitaria europeas.''<br /> ''Del mismo modo, se ha pronunciado la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en varios informes, sirva entre otros, el Informe 9/2009, de 21 de marzo “Aplicación del criterio del arraigo local o de vecindad de la empresa como requisito de aptitud, de solvencia o como criterio de adjudicación de los contratos”. En la consideración jurídica tercera, la JCCA analiza si la implantación de las empresas en un territorio puede ser utilizada como criterio discriminatorio a la hora de valorar las ofertas, es decir, que las presentadas por empresas que tengan un determinado arraigo en la localidad, obtengan una bonificación en la valoración de sus ofertas por esta sola circunstancia.''<br /> ''Ante ello, el Informe 9/2009 de la JCCA es tajante y aclara cuanto sigue: “Diversas consideraciones debe hacerse al respecto. En primer lugar, el principio no discriminatorio que la Directiva 2004/18/CE consagra y que nuestra Ley expresamente recoge (…). Este principio, además, y con aplicación directa ya a los procedimientos de adjudicación está expresamente recogido también en el artículo 123 de la misma Ley, de conformidad con el cual, los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación al principio de transparencia. Esta sola declaración pone ya de manifiesto hasta qué punto no está permitido discriminar las ofertas por razón de las características que pueda tener cada una de las empresas licitadoras, en este caso, su domicilio social o su especial arraigo en una determinada localidad o territorio”''<br /> ''“'''En definitiva, debe concluirse en que la inclusión como criterio de adjudicación de un aspecto referido al arraigo territorial de las empresas, incurre en un supuesto de nulidad de pleno derecho de la adjudicación determinante de su nulidad así como el propio procedimiento de licitación'''”.''

* '''[http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/TACRC/Resoluciones/A%C3%B1o%202014/Recurso%201034-2013%20VAL%20102-2013%20(Res%20135)%2021-02-2014.pdf Resolución 135/2014, de 21 de febrero de 2014, «Valoración de mejoras sin que en el pliego se hayan previsto elementos y condiciones concretos para su admisión y valoración, nulidad del procedimiento, doctrina TACRC. Supuesto de nulidad de pleno derecho, apreciación de oficio por el TACRC»:]'''<br /> ''“…se debe concluir que el TRLCSP proscribe las mejoras genéricas, no determinadas en cuanto a los aspectos de la prestación que serían mejorables por las propuestas de los licitadores y el valor o la ponderación que tendrán como criterio de adjudicación. En este sentido, el Tribunal sostiene un criterio consolidado a lo largo de sus resoluciones, sirviendo como ejemplo las Resoluciones 514/2013, de 14 de noviembre, 207/2013, de 5 de junio, 302/2011, 14 de diciembre, 189/2011, de 20 de julio.''<br /> ''En la Resolución 69/2012, de 21 de marzo, con apoyo en la Sentencia del TJUE de 24 de enero de 2008, -asunto C-532/06, consorcio Lianakis y otros contra el municipio de Alexandroupolis y otros -, concluimos que unas cláusulas que pueden dar lugar a una valoración de las ofertas contraria a los principios de igualdad y de trato no discriminatorio han de calificarse como nulas de pleno derecho “... porque basta con que permitan la posibilidad de una aplicación discriminatoria para que deban considerarse afectadas por el vicio de nulidad absoluta”. Por tanto, la conclusión es que, al no haberse establecido previamente las mejoras a considerar y las pautas para su valoración, las cláusulas del PCAP relativas a esas mejoras incurren en un vicio de nulidad de pleno derecho por colisionar con los principios rectores de la contratación pública exigidos por la normativa comunitaria y contemplados en el vigente TRLCSP, en su artículo 1.''<br /> ''En el mismo sentido, en la Resolución nº 302/2011, 14 de diciembre, decíamos que: “la introducción de variantes o mejoras como criterio de adjudicación exige su relación directa con el objeto del contrato, una adecuada motivación, su previa delimitación en los pliegos o, en su caso, en el anuncio de licitación y ponderación de las mismas. Así ha declarado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la obligación de que el pliego de cláusulas detalle los requisitos y condiciones en la prestación de las variantes o mejoras en aras al respeto del principio de igualdad de trato de los licitadores, en la Sentencia de 16 de octubre de 2003, asunto Traunfellner GMBH”. Como también señalábamos en nuestra resolución 65/2013, de 6 de febrero, al anular el criterio de adjudicación relativo a las mejoras, hay que declarar también la nulidad del proceso de licitación. Como ha declarado el TJUE (Sentencia de 4 de diciembre de 2003, asunto C-448/01, EVN AG y WienstromGmbH contra República de Austria) “los principios de igualdad de trato y de transparencia de los procedimientos de adjudicación implican que las entidades adjudicadoras deben atenerse a la misma interpretación de los criterios de adjudicación a lo largo de todo el procedimiento... De ello se deduce que, en el caso de que el órgano que conoce del recurso anule una decisión relativa a algún criterio de adjudicación, la entidad adjudicadora no puede continuar válidamente el procedimiento de adjudicación haciendo abstracción de dicho criterio, puesto que ello equivaldría a modificar los criterios aplicables al procedimiento en cuestión”.''<br /> ''Todo ello, con la finalidad de que todos los licitadores tengan ocasión de ponderar sus ofertas con pleno conocimiento de los elementos que van a ser valorados, para evitar que la indefinición de las mejoras y su ponderación les impida poder formular sus ofertas en condiciones de plena igualdad, de acuerdo a sus características y potencial empresarial y sus estrategias, dentro del principio de libertad de mercado, infringiendo los artículos 1, 147 y 150 del TRLCSP. En consecuencia, y como ya tuvimos la oportunidad de decir en otras muchas resoluciones (507/2013, de 14 de noviembre) procede declarar nula la cláusula de mejora y, sirviendo ésta como criterio de adjudicación, la nulidad ha de extenderse a todo el procedimiento toda vez que afectando directamente a un principio de la contratación que determinó la imposibilidad de una adecuada formación de las ofertas por ignorar los criterios de adjudicación”.''

<br /> <u><span style="line-height: 1.5">Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de '''Navarra''':</span></u><br />

<br /> <u><span style="line-height: 1.5">Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de </span>'''<span style="line-height: 1.5">Madrid</span>'''<span style="line-height: 1.5">:</span></u><br />

* <span style="line-height: 1.5">'''[http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DResoluci%C3%B3n+18-2012.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1310920320553&ssbinary=true Resolución 18/2012, de 22 de febrero de 2012 "exclusión de un licitador".]''' En este asunto, con relación a la motivación de los actos se indica lo siguiente:<br /> “Como ha señalado este Tribunal en diversas ocasiones, (Vid Resoluciones 13/2011, de 1 de junio; 16/2011, de 15 de junio; 34/2011, de 7 de julio; 5/2011, de 13 de julio; 45/2011,de 28 de julio; 52/2011, de 15 de septiembre; y 57/2011 y 58/2011 de 22 de septiembre), con carácter general la motivación cumple la función de asegurar, de un lado, el principio de transparencia en la actuación de las Administraciones Públicas de trascendental importancia en el ámbito de cualesquiera procedimientos de concurrencia competitiva, como es el caso de la contratación pública, y de otro, la de posibilitar el control del acto y la verificación de su contenido al fin perseguido, como es propio de la actividad del Estado de Derecho, como elemento necesario para determinar si se ajusta o no a la normativa vigente, y de dar a conocer a sus destinatarios las razones en que aquéllos se asientan, único modo de que puedan decidir sobre la pertinencia o impertinencia de su impugnación y sobre los fundamentos de ésta”.</span>

<br /> <u>Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de '''Euskadi:'''</u><br />

Esta resolución indica: “''Nos encontramos ante una motivación insuficiente, pues no permite que los interesados puedan interponer un recurso especial adecuadamente fundamentado ni da a conocer las características determinantes de la selección del adjudicatario o de la desestimación de las demás ofertas (artículo 151.4 TRLCSP), ni desde luego facilita a este Órgano la tarea de revisión de la adjudicación. Por todo ello, deben retrotraerse las actuaciones para que el poder adjudicador formule adecuadamente la motivación de la adjudicación”''.<br /> <br /> <u><span style="line-height: 1.5">Tribunal administrativo de recursos contractuales de '''Castilla y León:'''</span></u><br />

<br /> <u>Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de '''Aragón'''</u><br />

<br /> <u>Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de '''Andalucía:'''</u><br />

<br /> <u>Tribunales de Justicia de la '''Unión Europea:'''</u><br />

* '''[http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d55ab05d1a0b3645dbbae28d1ed8893fe6.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObN4Oe0?text=&docid=69924&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7332 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de enero de 2008, en el Asunto C-532/06, “Lianakis”:]'''<br /> ''“…32. En consecuencia, procede declarar que los artículos 23, apartado 1, 32 y 36, apartado 1, de la Directiva 92/50 se oponen a que, en un procedimiento de licitación, el poder adjudicador tenga en cuenta la experiencia de los licitadores, la distribución de los puestos de responsabilidad y su equipamiento y su capacidad de elaborar el proyecto en el plazo previsto como «criterios de adjudicación» y no como «criterios de selección cualitativa.”''

<br /> <u>'''Tribunal Supremo'''.</u><br />

<br /> '''<u>Audiencia Nacional:</u>'''<br />